Desde la toma de posesión del gobierno de Bukele en junio de 2019, es una constante la activación de diversas formas de persecución política contra todas y todos aquellos que considera “sus enemigos”; parece una historia ridícula, pero así también le sucedió al “educado y culto” pueblo alemán al ungir a Hitler como su “líder o caudillo”, que eso y no otra cosa significa la palabra Führer.
El presidente no ha dudado en usar el concepto de “enemigo interno” para referirse a la oposición, una palabra utilizada por los más brutales dictadores en América Latina como Pinochet, Videla, Stroessner y Somoza, incluyendo los discursos de areneros históricos como el asesino D’Aubuisson y Cristiani, que se sirvieron de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, y otros cuerpos represivos, incluida aquella camarilla militar genocida conocida como La Tandona, varios de cuyos miembros terminaron siendo diputados areneros en democracia.
La utilización del poder judicial y los medios de comunicación oficialistas como instrumentos de persecución política, un método conocido en el mundo como LAWFARE (o judicialización de la política), contra algunos dirigentes del FMLN, como Sigfrido Reyes y su familia a quienes se les han fabricado casos desde una FGR que se limita a obedecer los mandatos de Casa Presidencial.
De la misma manera se persigue también a Benito Lara, Arístides Valencia, el ex alcalde Simón Paz, a periodistas, otros ex funcionarios opositores y hasta a las ONGs, vulnerándoles los más elementales derechos. Un caso emblemático es la recurrente persecución mediática buscando la condena pública de quienes gestionaron el histórico proyecto ALBA, en particular contra el dirigente histórico José Luis Merino (Ramiro Vázquez), sin que jamás se haya avanzado en una investigación mas allá de las alegaciones (nunca comprobadas) de un agente de la inteligencia estadounidense hoy a sueldo del Departamento de Estado.
La persecución judicial con fines políticos es el habitual recurso a supuestos actos de corrupción u otros delitos de similar naturaleza, no probados, pero esgrimidos por la prensa gobiernista. De tal modo que el juicio mediático prevalece y antecede al proceso judicial. Así sucedió con Lula en Brasil, con Cristina en Argentina, con Rafael Correa, Paola Pabón y Jorge Glas, en Ecuador, países donde el Lawfare también ha sido utilizado para golpear a la oposición.
Nuestro pueblo tiene tradición de lucha; una larga y heroica lucha en la que entregaron su vida miles de hombres y mujeres víctimas de la tortura, el exilio y todo tipo de persecución en su esfuerzo por construir una mejor sociedad. Una labor permanente e inconclusa, pero que a partir de los Acuerdos de Paz de 1992 transformaron a El Salvador.
Tres décadas después nuestro pueblo enfrenta nuevamente las claras y crecientes muestras del autoritarismo y la subordinación de todos los poderes del Estado a la voluntad de un perverso mandatario que va convirtiendo gradualmente su gobierno en dictadura. Como en el pasado, la misión nuevamente será hacer uso del ingenio y de la valentía popular para denunciar y derrotar esta nueva dictadura.
El Salvador, junio 28 de 2021
