1. La aprobación del Presupuesto 2021, por un monto de US$7,453.5 millones, constituye una derrota política del presidente Nayib Bukele, quien presentó un proyecto inconstitucional y con un estimado de ingresos inflado, para hacerle creer a la población que el Gobierno haría la mayor inversión social de la historia y para atacar a los diputados y diputadas de oposición si no lo aprobaban.
2. La Asamblea corrigió la inconstitucionalidad del proyecto de presupuesto, que no les asignaba a las alcaldías y al Órgano Judicial el 10% y el 6%, respectivamente, de los ingresos corrientes, tal como exige la ley.
3. La Asamblea también aumentó la pensión mínima, de US$207 a US$304, le asignó US$20 millones más a la Universidad de El Salvador y completó los US$60 millones de los programas de los veteranos de guerra, entre otras acciones positivas. Para financiar esos rubros, la Asamblea recortó gastos innecesarios, como los de propaganda, pago de consultorías, compra de vehículos, espionajes de los organismos de inteligencia del Estado, entre otros.
4. Tras la aprobación del presupuesto, el presidente intentó apropiarse de los cambios positivos que hizo la Asamblea. Luego anunció que vetaría el decreto que aumenta la pensión mínima, lo que afectaría a 120,000 personas jubiladas, y los decretos que les asignan a las alcaldías préstamos por US$175 millones.
5. Pese a las correcciones que le hizo la Asamblea, el presupuesto mantiene dos errores que son responsabilidad del Ministerio de Hacienda: la sobreestimación de ingresos por US$795 millones y la necesidad de endeudamiento por US$1,180 millones, lo que da un total de US$1,930 millones. Es decir, habrá que conseguir esa cantidad de dinero para financiar todos los gastos.
6. En el caso del IVA, en 2019 se recaudaron US$2,215 millones, equivalentes al 8.2% del PIB, que fue de US$27,003 millones. Para 2021 se espera recaudar US$2,643 millones (US$428 millones más que en 2019), a pesar de que el PIB proyectado sería de US$26,165 millones ($838 millones menos que en 2019). Si la recaudación fuera el 8.2% del PIB, como en los últimos 10 años, sería menor a la esperada en US$550 millones.
7. La recaudación de la renta, que las empresas pagan sobre las utilidades del año anterior, está sobreestimada. El PIB de 2018 fue de US$26,057 millones y la renta de 2019 fue de US$1,930 millones (7.4% del PIB de 2018). El PIB de 2020 fue de US$24,570 millones (US$1,487 millones menor al de 2018) y la renta esperada para 2021 es de US$2,062 millones, cuando debería ser US$1,817 millones (7.4% del PIB). La sobreestimación es de US$245 millones.
8. El Gobierno también tendrá dificultades para colocar deuda por US$1,180 millones, pues sus finanzas son muy deficitarias y su deuda ya se acerca al 100% del PIB. El riesgo país es mayor y el presidente Bukele ahuyenta la inversión privada, sobre todo por su irrespeto a la Constitución y las leyes.
9. Algunos organismos multilaterales, como el FMI, podrían dar algún financiamiento, pero condicionado a una restricción de gastos y a un incremento de los tributos al consumo, que afectaría los ingresos de la población. Pero la banca privada y los tenedores de bonos solo prestarían con condiciones muy duras, en cuanto a intereses y plazos de pago.
10. El 2021 será malo para los sectores de menos ingresos y las capas medias. El crecimiento económico esperado por el Gobierno no es realista, pues los resultados electorales siempre generan incertidumbre, no hay reglas claras para la inversión nacional y extranjera, el déficit fiscal y la deuda del Estado aprisionan las finanzas públicas y la economía internacional sigue debilitada.
11. La economía también será impactada negativamente por las medidas que tendrá que aplicar el Gobierno para enmendar las fallas del presupuesto elaborado por el Ministerio de Hacienda. Hay dos caminos posibles:
a) Que, ante la sobreestimación de ingresos y la dificultad para contraer deuda, el Gobierno no ejecute todo el presupuesto y gaste de acuerdo a lo que realmente recaude. En ese caso, el presupuesto sería contractivo, es decir, menor al de 2019. Eso implicaría menos inversión en salud, educación, seguridad, obras públicas y otros rubros. Los impactos en la economía y en las condiciones de vida de la población serían muy negativos.
b) Que el Gobierno recaude más elevando la tasa del IVA, encareciendo los combustibles y privatizando empresas públicas, y que a su vez recorte subsidios, elimine programas sociales y reduzca el empleo público. Esa política, que tendría el respaldo del FMI, dispararía los precios y provocaría la quiebra de muchas empresas pequeñas afectadas por el incremento de costos y la contracción del consumo. El mayor daño se expresaría en el aumento de la pobreza.
12. Podría haber un escenario intermedio, de combinación de medidas puntuales de ingresos y gastos, pero igualmente malo para la población.
13. El Gobierno, que es corrupto y pro empresarial, no pretende mejorar las condiciones de vida del pueblo, sino elevar la riqueza de algunos oligarcas y del clan empresarial vinculado a la familia Bukele.
San Salvador, 5 de enero de 2021
