Crisis económica y supuestos irreales del Gobierno

Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES)

El Salvador atraviesa una grave crisis económica, resultado de la crisis sanitaria  e internacional generada por el COVID-19 y agravada por el mal manejo de la  pandemia que ha hecho el Gobierno y por sus malas decisiones de política  económica. 

En un informe del 14 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló  que el PIB caerá -9.0%. Eso significa que pasará de US$28,989 millones en  2019 a US$26,379 millones este año. La pérdida es de US$2,610 millones. 

Los datos del FMI coinciden, en alguna medida, con los del Banco Mundial, que  en un reciente informe dijo que El Salvador tendrá una caída de PIB de -8.7%,  la mayor de la región después de Belice. En los demás países disminuirá menos: Panamá -8.3%, Honduras -7.1%, Nicaragua –5.9%, Costa Rica -5.4% y Guatemala -2.5%. La caída promedio en América Latina y el Caribe será – 7.9%, menor a la de El Salvador. 

El FMI también señaló que la tasa de desempleo será de 9.39%, la peor desde  1992. La Encuesta de Hogares de 2019 muestra que la Población  Económicamente Activa (PEA) es de 3,091,954 personas, de las cuales  2,897,130 (93.7%) estaban empleadas y 194,793 (6.3%) estaban  desempleadas. Este año caerían en el desempleo 95,541 personas, una  cantidad mucho mayor a la de 2009, cuando perdieron el empleo 40,000 personas debido a la crisis de ese año. 

El FMI estima para 2021 un crecimiento probable del PIB de 4%. Proyecciones  similares han hecho el Banco Mundial y Fitch Raitings. Si se cumpliera la  estimación del FMI, el PIB de 2021 llegaría a US$27,434 millones, inferior al  del 2019 en US$1,055 millones. El propio FMI estima que se necesitarán tres  años de buen crecimiento para recuperar la producción de 2019. 

Hay factores que harán difícil lograr esta proyección. En primer lugar, a  diferencia del año 2009, cuando el Gobierno impulsó un Plan Anticrisis y  algunos programas sociales para enfrentar la caída económica de -2.1%  generada por la crisis mundial, el Gobierno actual no tiene planes de ningún  tipo y eliminó 13 programas sociales y económicos heredados de la gestiones  del FMLN y que beneficiaban a los sectores de menos ingresos. 

En segundo lugar, el excesivo déficit fiscal (13% del PIB) y el enorme  crecimiento de la deuda pública (del 70% al 85% del PIB en apenas un año y  tres meses), hace muy difícil la aplicación de una política fiscal que estimule la  demanda, la inversión y el crecimiento económico.

El nivel de endeudamiento es exponencial, considerando el enfoque  inadecuado de la pandemia que hace el Gobierno. Esta situación es  sumamente grave, pues El Salvador se está colocando entre los países más  endeudados de América Latina, lo que incrementa el riesgo país, encarece los  bonos y ahuyenta la inversión extranjera. 

En el proyecto de presupuesto de 2021, el Gobierno contempla vender bonos  por US$1,343 millones para cerrar la brecha fiscal. Si el presupuesto se  aprueba y el Gobierno no vende los bonos, se desplomarán el gasto y la  inversión programada. Y si los coloca a intereses de más de dos dígitos  pagados a los fondos buitres, crecerá el riesgo país. 

También es posible que el Gobierno aumente las tasas del IVA y de otros  tributos al consumo, recorte subsidios y disminuya el empleo público, pues  sobrestimó los ingresos en US$700 millones. Algunas de esas medidas  también las recomienda el FMI. 

Otro aspecto a considerar es la inestabilidad política del país provocada por el  presidente Nayib Bukele, quien no reconoce la Constitución ni las leyes. Varias  Instituciones del Órgano Ejecutivo no acatan las sentencias del Órgano Judicial, no rinden cuentas sobre el uso de los recursos y no reconocen la autonomía  del Órgano Legislativo y de los Gobiernos Municipales. Ante una situación tan  grave, la reactivación económica no será posible. 

La crisis del país es integral y ha debilitado la institucionalidad democrática. El  responsable directo de ella es el presidente de la república, quien se niega a  respetar al marco legal que nos rige. Si esta situación continúa o se agrava, las  condiciones de vida del pueblo seguirán deteriorándose. El peligro de estallidos  sociales no está muy lejano, pues el Gobierno ha degradado la salud, la  economía y las demás esferas de la vida nacional. 

 San Salvador, 2 de noviembre de 2020

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