El Salvador atraviesa por una crisis sistemática que tiende a profundizarse debido a la mala gestión del Gobierno. Al respecto, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES), expresa lo siguiente:
1. El volumen de actividad económica disminuyó -9.3% en el primer semestre del año. Las mayores caídas se registran en la construcción (-37%), el comercio (-18%), la industria manufacturera (-15%) y las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de otros servicios (-10%). El agro cayó -2% y las exportaciones de bienes bajaron -24% entre enero y agosto, con respecto al mismo período de 2019.
2. Los indicadores sociales se deterioran. Casi 75,000 personas han perdido su empleo en empresas formales durante la emergencia COVID-19 y cientos de miles de personas, en su mayoría mujeres, perdieron sus fuentes de ingresos en el sector informal. La ejecución presupuestaria hasta agosto muestra un recorte de US$22.1 millones a los programas específicos o con sesgos implícitos hacia las mujeres. Cuanto termine el año, 600,000 personas habrán caído en la pobreza.
3. Para el 29 de septiembre, el MINSAL reportaba 28,981 personas infectadas por el COVID-19 y 839 fallecidas. Un registro paralelo tiene estadísticas más alarmantes. El Gobierno no tiene un abordaje integral de la salud, abandonó a los grupos más vulnerables y le ha recortado al presupuesto de este año, US$21.5 millones al primer nivel de atención (adicionales a los US$33.5 millones que ya se había recortado con respecto al presupuesto de 2019). También le recortó US$39.8 millones a los hospitales nacionales, mientras gasta decenas de millones en un elefante blanco que construye en el CIFCO.
4. En materia educativa docentes del sector privado alertan que han perdido ya el 50% de la matrícula inicial, mientras en el sector público el personal docente considera que la deserción escolar rondará ese porcentaje lo cual pone en riesgo la continuidad de muchas plazas para el 2021, además preocupan las señales enviadas por la ministra de educación en cuanto a una reforma educativa que suena a privatización a espaldas de la comunidad educativa, aprovechando la situación particular generada por la emergencia sanitaria COVID-19.
5. Pese a disponer de alrededor de US$2,200 millones adicionales al presupuesto de 2020, provenientes de deuda externa e interna (incluyendo las últimas CETES vendidas), el Gobierno no le transfiere a las alcaldías los recursos que
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establece la ley, no le da la pensión a los adultos mayores ni garantiza la de los veteranos de guerra, le debe las semillas a los agricultores y no financia la producción local sino la importación de alimentos.
6. El malestar social es creciente. Hay protestas de veteranos de guerra, agricultores, personas que laboran en las alcaldías y pobladores comunitarios. La prensa no oficialista denuncia persecución y amenazas recibidas de la oficina de Gobierno.
7. Los indicios de corrupción pública cobran fuerza tras las renuncias del ministro de hacienda, la superintendente del sistema financiero y el presidente del Banco Central de Reserva, quien desmintió al presidente Nayib Bukele sobre la supuesta carencia de recursos públicos.
8. Para restar importancia al grave deterioro económico, sanitario, educativo y social, el presidente experimenta con “cercos sanitarios focalizados” en Corinto, San Francisco Gotera y Santa Rosa de Lima, en la región oriental, con una modalidad más propia de cercos militares. Pobladores de Corinto, Morazán interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de Habeas Corpus contra el injustificado despliegue militar, que provoca daños psicológicos y emocionales en la población del oriente del país.
9. En medio de esta grave situación económica y social, el presidente de la república sigue mintiendo, calumnia a sus opositores y violenta el marco constitucional. Al impedir que un juez tenga acceso a los archivos militares de los años de la guerra, el presidente comete una ilegalidad y se burla de las víctimas de las dictaduras militares.
10. El Gobierno también ha mantenido un pacto con las pandillas, a quienes les da prebendas a cambio de que oculten o reduzcan los asesinatos y apoyen a GANA y Nuevas Ideas en las próximas elecciones. El plan de control territorial es un plan de afianzamiento de los grupos criminales en los territorios.
11.En el ámbito internacional, se multiplican las críticas al presidente Bukele por sus violaciones a la legalidad y a los derechos humanos. Y pese a su sumisión al presidente de Estados Unidos, el Gobierno de ese país le sugiere a sus ciudadanos no viajar a El Salvador, debido al COVID y a la criminalidad.
12. Al Gobierno no le interesa enfrentar la crisis integral que afecta al país, sino confrontar con quienes le critican, atacar a la Asamblea Legislativa, violar las leyes y manipular la opinión pública para garantizar buenos resultados electorales. Los resultados de esa política son el deterioro de las condiciones de vida del pueblo, los reclamos sociales y la crisis institucional permanente, o sea, el retroceso en todos los ámbitos de la vida nacional.
San Salvador, 30 de septiembre de 2020
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