PRONUNCIAMIENTO
En el marco de la coyuntura actual y la falta de políticas claras por parte del gobierno del Presidente Nayib Bukele que
cada vez más arrastran a nuestro país a una situación deplorable, La Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza
CIRAC manifiesta a la opinión publica lo siguiente:
- Actualmente nuestro pueblo está pasando una situación complicada en donde cada día se pierden miles de empleos, el costo de la vida va en aumento, el endeudamiento público está alcanzando niveles peligrosos y el gobierno continua despilfarrando millones de dólares en campañas publicitarias que usa para tapar los actos de corrupción, en la compra de insumos a costos elevados y de cuestionada calidad, el gasto innecesario de caravanas aéreas y la adquisición de un helicóptero a un precio aun no esclarecido a la opinión pública.
2. Rechazamos la aprobación del decreto de reforma a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública (LACAP) que el Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya hicieran el 10 agosto del presente año, con la clara intención de crear condiciones que le permitan realizar contrataciones directas sin la necesidad de registrarlas en la página de COMPRASAL, ya no realizarán licitaciones públicas para las ofertas de las empresas cuando existan situaciones de emergencia como la que atravesamos actualmente. Esto le permitirá gastar a su antojo, sin la fiscalización de la población; ocultando compras a las empresas vinculadas a sus familiares, funcionarios
y allegados como en los casos de corrupción que ya salieron a luz pública en estos seis meses de pandemia.
- Exponemos nuevamente el incumplimiento de pago de las pensiones y todas las promesas realizadas al sector de veteranas y veteranos de guerra, sector que ha sido menospreciado y relegado en las políticas del actual gobierno, quienes valiéndose de chantajes pretenden confundir a la población, culpando a la Asamblea Legislativa por falta de fondos; cuando existe un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones de dólares, del cual se podría saldar la deuda a las/os veteranos/as, asignando los $68 millones que el sector necesita para finalizar el establecidos.
- Pese a las diferentes peticiones el Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, evade el compromiso para resolver la problemática y esa falta de transparencia es el real motivo por el cual no obtiene los votos en la Asamblea. Como organización exigimos el pago inmediato de los meses atrasados y pedimos que en los meses venideros se cumpla con
los plazos de pago establecidos. - La crisis del agua continúa golpeando a la mayoría de la población urbana y rural, sin que la Administración Bukele presione por la aprobación de la Ley General de Agua. El grave deterioro ecológico será aún más irreversible si el ejecutivo logra “flexibilizar requisitos y agilizar trámites” de permisos ambientales a través de una propuesta de Ley presentada muy discretamente por el Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) a la Asamblea
Legislativa. - La actual administración le acierta un duro golpe a la economía del sector agropecuario empleando políticas neoliberales de los tiempos de todos los gobiernos de derecha que tienden a reducir el agro a la mínima expresión, por ejemplo: el importar semilla de otros países, despreciando a los productores nacionales por comprar a agiotistas
enquistados en los círculos de poder allegados al gobierno; cuando lo que se debería aplicar en nuestro país son planes urgentes para rescatar y reposicionar al sector agropecuario, como estrategia para fortalecer la capacidad productiva y asegurar nuestra soberanía y seguridad alimentaria. Es evidente el triste papel del Ministro de Agricultura y Ganadería Pablo Anliker, quien no ha querido presentar cuentas de los recursos asignados, paquetes agrícolas entregados, e
incluso es señalado de “comprar granos básicos” a proveedores que se dedican a la venta de calzado. - Como organización social – popular nos mantenemos atentos ante los acontecimientos, reiterando nuestro compromiso
de velar por que se cumplan las necesidades del pueblo y que los recursos del Estado se manejen de manera eficiente y
transparente.
San Salvador, 8 de septiembre de 2020.
