Confinamiento absoluto como única medida preventiva, no es garantía de éxito frente al COVID-19

Profesionales por la Transformación de El Salvador PROES

El 16 de junio inició oficialmente la apertura gradual de actividades económicas, tras 86 días de confinamiento obligatorio impuesto por el Gobierno para prevenir la propagación del COVID-19. La apertura se hará en 5 fases de 21 días. Pero apenas habían pasado cinco días de la apertura, cuando voceros del Gobierno sugirieron volver al confinamiento porque los contagios siguen aumentando. 

Al revisar reportes en portales de noticias, encontramos que en El Salvador el coronavirus se comporta de manera diferente a como dice el Gobierno. Al 19 de junio, por lo menos la mitad de los casos activos se daban en la población totalmente confinada y bajo la responsabilidad del Gobierno. Veamos los siguientes casos de contagios: 

• 700 agentes de la PNC, por lo menos 10 agentes muertos. 

• 154 militares. 

• 900 empleados del sistema nacional de salud, entre médicos, enfermeras, motoristas, personal de laboratorio y de limpieza. 

• 20 trabajadores de centros penales. 

• 50 personas empleadas en el Asilo Sara Zaldívar. 

• 183 adultos y adultas mayores del Asilo Sara. Por lo menos 17 murieron. 

• 141 personas privadas de libertad a cargo de centros penales. Y más de 1,200 reos han sido aislados por sospechas de contagios. 

• 115 personas privadas de libertad en bartolinas de la PNC de Santa Ana. 

• 20 personas internas de la Escuela de Ciegos, bajo la responsabilidad del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). 

• 22 niños y niñas del Complejo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). 

En total, 2,305 personas contagiadas bajo responsabilidad del Gobierno, que equivalen al 53.25% de las 4,329 personas contagiadas en el país en esa misma fecha, según reportó el propio Gobierno. 

Mientras el presidente Bukele afirma que el confinamiento absoluto es la mejor forma de contener el virus, su gobierno abandona a la población bajo su responsabilidad. Además, buena parte de las personas contagiadas trabajan en primera línea de contención de la pandemia, lo que muestra que el Gobierno no les ha dado el equipo necesario, no se han aplicado protocolos sanitarios adecuados y se han tomado decisiones que afectan a este personal. 

La prohibición ministerial para realizar pruebas de COVID en establecimientos del primer nivel de atención en salud, dificulta el diseño de una estrategia de detección temprana y prevención, pues esas pruebas permitirían comprobar la circulación del virus a escala nacional y la identificación de nexos epidemiológicos, ayudando en la vigilancia comunitaria para determinar el real impacto del virus. El MINSAL incluso prohibió las pruebas a personal de salud de primera línea. 

Según el memorándum de la Dirección Nacional de Primer Nivel y la Dirección de Saneamiento Ambiental, fechado el 19 de junio, ampliamente difundido por diversos portales noticiosos y redes sociales, para esa fecha se había realizado 600 inhumaciones con protocolo COVID a nivel nacional, dato que contrasta con las cifras oficiales de fallecidos del MINSAL. 

A pesar que los contagios y muertes en población bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno siguen aumentando, diversos funcionarios afirman que la mejor alternativa para controlar la propagación del virus es la cuarentena estricta por otros quince días, adicionales a los 86 días de confinamiento. 

El Gobierno ha contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa, que le aprobó todos los recursos que solicitó y declaró Estado de Emergencia por varios meses, los cuales fueron utilizados por el Gobierno para violar los derechos humanos. Pero el presidente Bukele no deja de atacar a la Asamblea y de acusar falsamente a la Corte Suprema de Justicia de quitarle facultades al Ministerio de Salud para controlar la pandemia mediante una declaratoria de emergencia. 

Adicionalmente, el presidente Bukele descalifica opiniones que señalan carencias técnicas, falta de planificación en la gestión de la crisis sanitaria y llamados a una gestión concertada de la misma, atacando a la iglesia católica, instancias académicas, gremios empresariales y de profesionales en salud, a quienes acusa de estar en contra de la salud del pueblo. 

Para su campaña de manipulación, el presidente utiliza millonarios fondos de publicidad que deberían invertirse en campañas de educación y comunicación asertiva con la población, sobre la base de información científica, para que la gente aplique medidas de protección y autocuido y colaborar efectivamente con el personal de primera línea del combate de la pandemia, al cual se le debe proveer el equipo necesario para que no se contagie ni propague el virus. 

Si continúa esta situación tendremos que lamentar, además del colapso del sistema hospitalario por falta de equipos y unidades de cuidados intensivos, el colapso de una parte importante de la fuerza humana encargada de proveer servicios y cuidados a la población. 

El confinamiento absoluto sin una estrategia de educación e información, sin la aplicación de otras medidas de soporte a la población afectada por el prolongado confinamiento, no es más que posponer el desenlace de una tragedia anunciada, con graves repercusiones sanitarias, humanas, de estabilidad social y gobernanza democrática, en un país sumido en la polarización exacerbada por la narrativa y discursos presidenciales que insiste en confrontar con el resto de órganos del Estado, actores políticos y sociales. 

La estrategia del MINSAL debiera incluir como mínimo tres acciones: 

1. Descentralizar las pruebas hacia establecimientos del primer nivel de atención para dar seguimiento domiciliar y aislamiento de personas positivas en lugares adecuados según sea el caso. 

2. Capacitar a todo el personal en primera línea de combate, en la aplicación de los protocolos sanitarios adecuados para prevenir contagios y diseminación del virus. 

3. Elaborar estrategias locales de detección de casos, seguimiento y orientación familiar sobre medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la pandemia. 

El virus no va a desaparecer del ambiente porque la población permanezca encerrada en sus viviendas y amenazada por el Gobierno, el virus seguirá generando problemas por meses o años, dependiendo de la respuesta que cada sistema de salud desarrolle. 

En El Salvador, si no se hubiese debilitado presupuestariamente el primer nivel de atención y se hubiese continuado con el enfoque de promoción de la salud de la Reforma impulsada en el decenio 2009 – 2019, la gestión de la emergencia sanitaria hubiese sido efectiva, tendríamos datos reales y menos pérdidas humanas que lamentar. 

San Salvador, 23 de junio de 2020

Escrito PROES Profesionales por la Transformación de El Salvador

Fuente Profesionales la Transformación de El Salvador