El Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un decreto sobre el destino de los US$2,000 millones de deuda y otro sobre un nuevo endeudamiento, por US$1,000 millones. Al respecto, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) hace las siguientes consideraciones:
1. La Asamblea Legislativa debe exigirle al Gobierno, como base para la discusión de ambos decretos, un balance exhaustivo sobre el Estado de Emergencia Nacional y sobre la economía nacional, con énfasis en la situación de las finanzas públicas. El decreto de emergencia, que va para una segunda prórroga, exige un plan que el Gobierno nunca presentó.
2. De los US$2,000 millones de deuda, US$1,400 los manejará el Órgano Ejecutivo y US$600 las alcaldías. Los fondos del Ejecutivo tienen una orientación inadecuada:
a) El Gobierno quiere reintegrar US$450 millones que gastó en la entrega de US$300 a un millón y medio de familias. La Asamblea no debe aprobar ese pedido hasta que el Gobierno presente un informe de esas transferencias, que incluya un registro preciso de los hogares y personas que las recibieron.
b) Los otros US$950 millones se invertirían en insumos e infraestructura para combatir la pandemia, en apoyo a la liquidez de las MIPYMES y en apoyo a productores agrícolas, pero no se especifican los insumos, ni el tipo de infraestructura, ni la cantidad de MIPYMES y productores.
c) En el caso de la infraestructura, la asignación contradice la decisión del Gobierno de frenar la inversión de US$1,200 millones del Presupuesto 2020 y destinar esos recursos para la emergencia.
3. El Gobierno quiere que los US$950 millones sean un refuerzo presupuestario para “cubrir deficiencias de ingresos del Estado”. La Asamblea no debe permitirlo, pues en el artículo 11 del decreto 293, de aprobación de dicha deuda, se establece que ”con los ingresos que se obtengan como producto de la colocación de los títulos valores de crédito y/o la contratación de empréstitos que se autorizan mediante el presente decreto, se formulará un presupuesto extraordinario” que “deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.”
4. El Ejecutivo no debe limitarse a mencionar los rubros de inversión. Tiene que presentar un presupuesto extraordinario que incluya objetivos, metas, programas, estrategias y población que recibirá los apoyos. El artículo 12 del decreto 293 mandata la creación de un “Comité del Fondo de Emergencia
Recuperación y Reconstrucción Económica (…) que deberá proponer al Órgano Ejecutivo el presupuesto extraordinario”. El Comité lo integran representantes del Estado, de gremios empresariales, de una fundación y de dos universidades.
5. A pesar de que el Gobierno solo ha conseguido US$409 millones de la deuda autorizada (un préstamo de US$389 millones del Fondo Monetario Internacional y otro de US$20 millones del Banco Mundial), está pidiendo deuda adicional por US$1,000 millones, dinero que difícilmente conseguiría este año, dado lo adverso del contexto económico nacional e internacional.
6. En el decreto de los US$1,000 millones de nueva deuda, la asignación de los recursos tiene vacíos y errores: a) US$140 millones son para subsidios a empleados de MIPYMES, pero no hay detalles de empresas ni empleados afectados. Además, el decreto de la deuda de US$2,000 también plantea recursos para liquidez a las MIPYMES. b) US$360 millones son para apoyar a empresas afectadas, pero no se explica el tipo de apoyo, la cantidad de empresas ni sus rubros productivos.
c) US$100 millones de créditos para capital de trabajo a empresas informales. No hay detalles de empresas y se les exige tener un crédito vigente en el sistema financiero y categoría A o B. La mayoría de empresas informales no recibe crédito de la banca.
d) US$100 millones para devolver IVA a exportadores. La cifra está abultada, pues en el Presupuesto 2020 se le asignan US$3 millones a esa partida. e) US$300 millones para proveedores privados. No hay detalles sobre número de proveedores ni montos de las compras.
7. La Asamblea Legislativa debe tener especial cuidado con este tema, pues el Gobierno ha demostrado que no es transparente. Muchos altos funcionarios, incluyendo al presidente de la república, ni quisiera presentaron declaraciones de probidad. También debe crear mecanismos para monitorear la ejecución de los préstamos.
8. La Asamblea tiene que plantear la revisión del Presupuesto 2020, pues hay que reasignar fondos de viajes, transporte, propaganda y otros rubros, hacia la salud y los programas para los sectores más vulnerables, como los adultos mayores, las mujeres, la niñez y adolescencia, las familias pobres y otros.
San Salvador, 29 de abril de 2020
