PROES condena el Golpe de Estado fallido

Sobre la incursión de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y la Policía Nacional Civil (PNC) en las instalaciones del Palacio Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia, dirigida directamente por el presidente de la república, Nayib Bukele, quien ocupó el puesto del presidente de la Asamblea Legislativa en el Salón Azul, Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) expresa lo siguiente:

1. El presidente Nayib Bukele cometió acciones que pueden ser constitutivas de delitos (rebelión y sedición), al usurpar

las facultades del presidente de la Asamblea Legislativa; haber sustraído a la FAES de la obediencia al Gobierno Constitucional; tratar de obligar al Órgano Legislativo a aprobar la gestión de un préstamo; impedir que las autoridades del Legislativo realizaran libremente sus funciones;

ejercer, con fines políticos, actos de coacción contra instalaciones públicas, incluyendo el salón de sesiones del palacio legislativo, el edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia; y en general haber sitiado los alrededores del centro de Gobierno.

Esas acciones fueron acompañadas por la movilización de unidades élite de la PNC y efectivos de las FAES, armados con fusiles de asalto y francotiradores.

2. Todo lo anterior configuró un Golpe de Estado fallido porque el presidente y los militares no pudieron consumar el intento de controlar la Asamblea. Sumado a esos hechos, se llevó a cabo la militarización de gran parte del centro histórico de San Salvador, los alrededores de la Universidad de El Salvador, la 49 Avenida Norte y algunas zonas de los municipios de San Marcos, Ayutuxtepeque y Mejicanos. También se persiguió a algunos diputados y diputadas y se emprendió una campaña de intimidación en redes sociales, donde se presentaban imágenes de las tropas de la FAES asegurando que esperaban órdenes de su comandante para defender la Patria, aún a costa de su propia vida.

3. Los principales responsables de estas graves acciones son el presidente Nayib Armando Bukele Ortez, el ministro de defensa, contralmirante René Francis Merino Monroy, y el director de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas.

El fiscal general de la república está obligado a investigar de oficio todos los hechos y llevar hasta sus últimas consecuencias el enjuiciamiento de los sediciosos.

4. Para “justificar” su agresión, Bukele alega que la Asamblea traba los recursos del plan de seguridad. Si eso fuera verdad, sus acciones fueron igualmente incorrectas.

Sin embargo, vamos a comprobar con evidencias que su alegato no es cierto:

a) La Asamblea ha aprobado todas las iniciativas del presidente Bukele, incluyendo su permiso para viajar por un año y el presupuesto 2020, aprobado con los votos de la derecha y el cual está plagado de partidas diseñadas para un uso discrecional de 

grandes cantidades de dinero.

El presupuesto contiene para Seguridad y Defensa un total de US$755 millones, 36% más que el presupuesto de 2019 (US$571 millones).

b) Con respecto al supuesto plan de seguridad, la Asamblea aprobó los US$52.3 millones de refuerzos presupuestarios solicitados por el Ministerio de Hacienda para la I fase.

El primer refuerzo lo aprobó en julio de 2019, por US$30.9 millones, y el segundo en diciembre del mismo año, por US$21.4 millones.

Para la fase II, la Asamblea aprobó en diciembre la gestión de un préstamo por US$91 millones.

De manera que para ambas fases se aprobaron US$143.3 millones en total.

5. Contrario al proceder de la Asamblea Legislativa, el presidente Bukele ha vetado nueve decretos y reformas de ley de ese Órgano de Estado:

a) La reforma a la Ley de Carrera Docente para pagarles 15 salarios a docentes que aplican el retiro voluntario.

b) El decreto transitorio para ascenso de la PNC.

c) La reforma a la Ley de Carrera Policial, que modificaba la duración del curso de ascenso para subcomisionado.

d) La reforma a la Ley de Micro y Pequeña Empresa (MYPES), para que el Gobierno le asignara a esas unidades económicas el 80% de las compras de los programas de la Ley de Desarrollo y Protección Social.

e) La reforma a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, que ampliaba a 10 años los incentivos fiscales.

f) La reforma para que FOSALUD recibiera el 50% del impuesto al alcohol y al tabaco.

g) La reforma para colocar en las papeletas de votación los rostros de quienes aspiren a ser alcaldes y alcaldesas.

h) La reforma al Código Electoral para multar a alcaldías que no informen de fallecidos al registro Nacional de Personas Naturales.

i) La reforma al Código Electoral sobre el voto en el exterior para diputados a la Asamblea y el Parlacen.

6. El presidente Bukele está en el derecho de vetar las decisiones de la Asamblea que él considere, pero no tiene derecho a confundir a la ciudadanía haciéndose la víctima y distorsionando la realidad.

No es para eso que le aprobaron el aumento millonario al rubro de publicidad de la oficina de prensa de la presidencia.

7. El presidente Bukele también acusa a la Asamblea de impedirle trabajar en favor del pueblo, por lo que incitó a una insurrección popular contra el Órgano Legislativo a pesar de que el golpista era él. Sobre este aspecto, la manipulación no puede ser mayor, pues su Gobierno despidió casi 8,000 empleados y empleadas públicas, cerró 15 programas sociales que beneficiaban a la población de menos recursos y les recortó fondos a otros cinco, está desmontando la reforma de salud (ha cerrado 16 Ecos

f), le suministro agua contaminada a la población, disminuyó el subsidio al gas y mantiene congelados los salarios.

8. Es casi inconcebible que mientras la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto que le aumenta US$49 millones (11%) al Ministerio de Justicia y Seguridad y US$48 millones (18%) a la FAES, dinero que se debe utilizar para la seguridad pública y la defensa de nuestro territorio, el presidente Bukele haya utilizado a los efectivos policiales y militares para atacar instituciones públicas y amedrentar a la población.

9. El daño provocado por el presidente de la república a la institucionalidad democrática tendrá un impacto negativo en la economía nacional, pues el clima de inversión ha sido afectado por las violaciones al Estado de Derecho.

10. Para que nuestro país logre un clima de tranquilidad, las instituciones encargadas de hacer justicia tienen que actuar con firmeza. Estamos ante un Gobierno incompetente, irresponsable, sin planes y que está empujando al país por un rumbo muy peligroso. 

San Salvador, 13 de febrero de 2020