Mal desempeño económico y social del Gobierno

Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) 

En los primeros días de este año hemos visto muchas debilidades en la gestión gubernamental, principalmente en aspectos relacionados con la economía, el agua potable, la salud, los derechos laborales y la transparencia en la administración pública. 

El Presidente de la República anunció un plan de despegue económico y les solicitó a sus ministros y demás funcionarios que lo tuvieran listo en seis meses. También habló de facilitar trámites, agilizar las aduanas y apoyar la inversión, medidas que vienen de los Gobiernos anteriores. Es curioso que el presidente hable de diseñar un plan económico en seis meses, cuando en los casi ocho meses que lleva su gestión no ha presentado el Plan General que le exige el artículo 167 de la Constitución de la República, ni el “Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social” que mandatan los artículos 11 y 12 de la “Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador”. 

El Gobierno tampoco tiene planes sectoriales: no ha presentado el supuesto plan de seguridad que tanto publicita ni el plan de salud que ejecutaría desde casa presidencial. Su incapacidad para planificar es tan notoria, que ni siquiera realizó una transición ordenada que le permitiera programar sus actividades, pues se negó a recibir la información que le dejó la administración anterior. 

Con el anuncio improvisado sobre el plan económico, el Gobierno procura contrarrestar la mala percepción que sobre su desempeño tiene la mayoría de la población. Las encuestas de la UCA y de la Universidad Francisco Gavidia muestran que entre el 65% y el 70% de las personas encuestadas consideran que la situación económica está igual o peor. Importantes indicadores económicos y sociales muestran un deterioro y la gente percibe un aumento del costo de la vida y un ineficiente trabajo de las instituciones relacionadas con los temas económicos y sociales. 

Otro hecho negativo que se evidenció en los últimos días es la escasez de agua potable y su alto nivel de contaminación. Muchas comunidades y familias se pronunciaron al respecto y señalaron a la ANDA como la responsable de esa situación, sobre todo por la ineptitud de su presidente, quien se limitó a decir que el agua tenía algas no dañinas. En medio de la crisis, la ministra de salud afirmó de manera irresponsable que bastaba con hervir y filtrar el agua para que ésta pudiera ser consumida. Otro comportamiento cuestionable fue el de la ministra de educación, quien no procuró el bienestar y prevención de la salud de la niñez al inicio del año escolar, como tampoco lo hizo durante las lluvias del pasado invierno. 

Muchos sectores sociales le pidieron al presidente Nayib Bukele que destituyera al titular de ANDA y a la titular de salud y que asumiera una actitud seria ante los problemas que afectan  a la población.

Sin embargo, el presidente, que es responsable de esos y otros problemas, en tanto les traza las líneas de trabajo a los altos funcionarios, se limitó a regañar y disculpar a ambos titulares. 

El mal desempeño gubernamental también se muestra en el paulatino abandono de la reforma de salud iniciada en 2009 y en el incremento de las enfermedades prevenibles, como el dengue, el zika, la chikungunya y la parotiditis infecciosa. Este año los problemas de salud podrían agravarse porque el Gobierno le recortó US$33.5 millones al primer nivel de atención de salud y eliminó alrededor de 15 programas sociales y económicos que beneficiaban a la población de bajos recursos.

Si el Ministerio de Salud tiene un mal desempeño ante enfermedades ya conocidas, se puede esperar una respuesta desastrosa ante enfermedades emergentes y de alto potencial epidémico, como el coronavirus, que amenaza con introducirse en el país. 

En materia laboral y salarial, el Gobierno aplica una política de despidos (sin los debidos procesos legales) de miles de personas que laboraban en el sector público y mantiene los salarios congelados. El artículo 159 del Código Laboral establece que los salarios mínimos en el sector privado deben revisarse al menos cada tres años, y como el último aumento se aprobó en diciembre de 2016, los tres años vencieron en diciembre de 2019 sin que el Consejo Nacional de Salario Mínimo (CNSN), instancia tripartita adscrita al Ministerio de Trabajo, haya abordado ese tema, a pesar de tener en sus manos varias propuestas de las organizaciones sindicales. 

Otro aspecto a señalar es el peligro de que el Estado vuelva a ser utilizado como botín por empresarios ligados al Gobierno y por los financistas de la derecha política en general, lo cual es facilitado por la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y su manejo inapropiado. El propio presidente Bukele enfrenta procesos sancionatorios por negarse a brindarles información a ciudadanos que ejercen su derecho de acceso a la información pública. Algunas instituciones públicas podrían estar utilizando fondos para actividades distintas a las establecidas en el Presupuesto General de la Nación, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, que no realiza una actividad profesional en la planificación presupuestaria. 
27 de enero 2020

Fuente: Profesionales por la Tansformación de El Salvador