Balance de siete meses del Gobierno Bukele

Balance de siete meses de Gobierno 

Este 31 de diciembre se cumplen siete meses del Gobierno que preside Nayib Bukele. Profesionales por la Transformación de El Salvador (PROES) presenta el siguiente balance:

1. Las principales medidas aplicadas por el Gobierno han afectado a todos los sectores de bajos recursos y a buena parte de las capas medias. Veamos:

a) Despido de miles de empleados y empleadas públicas, incluyendo mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

b) Veto presidencial al decreto legislativo de ayuda compensatoria al personal docente interesado en jubilarse y cuyas pensiones son muy bajas. Muchas de esas personas prefirieron seguir laborando y sus plazas no pueden ser ocupadas por docentes jóvenes.

c) Veto presidencial al decreto legislativo que les otorgaba a las micros y pequeñas empresas el acceso obligatorio al 80% de las compras públicas de los 14 programas establecidos en la Ley de Desarrollo y Protección Social.

El presidente Bukele lo vetó porque quiere que la mayoría de las compras se les hagan a las grandes empresas.

d) Intento de desmontar la reforma de salud, tras el cierre de varios ECOSF, la clausura del proyecto operación milagro y el recorte de US$33 millones al primer nivel de atención en el presupuesto 2020. Este año aumentaron los casos de dengue, zika, chikungunya y paperas. De un modelo de salud preventivo se transita a un modelo curativo, que aumentará las enfermedades y solo beneficiará a los dueños de laboratorios, droguerías y farmacias. e) Inicio del desmontaje de los programas sociales y económicos desarrollados en los últimos diez años y que beneficiaron a mujeres, adultos mayores en condición de pobreza, juventud, veteranos de guerra, familias campesinas y microempresarias.

En el presupuesto de 2020 se dejan sin recursos 13 programas, entre ellos el de fortalecimiento de la salud de la mujer, el de alfabetización y los que benefician a la población campesina. También se recortan los programas ciudad mujer, bono para educación y salud, pensión básica y paquetes agrícolas, así como al subsidio del gas (US$9 millones). El presupuesto de la UES queda congelado. f) Encarecimiento del gas y las tarifas de agua y energía eléctrica, en un marco de congelamiento salarial, pues ni siquiera se revisó el salario mínimo, cuyo último aumento se aprobó en diciembre de 2016. El artículo 159 del Código de Trabajo establece que “los salarios mínimos fijados por decreto deberán ser revisados, por lo menos, cada tres años”.

2. Sobre el funcionamiento del Gobierno hay que señalar cuatro aspectos importantes:

a) Falta de un plan que permita valorar sus objetivos y metas para el quinquenio. Ni siquiera se conocen las fases del llamado plan de seguridad ni algunos acuerdos establecidos con otros Estados y con la OEA.

b) Gabinete incompleto y cuestionable. No se han nombrado gobernadores, muchos funcionarios son incompetentes y seis de ellos renunciaron, algunos por tener cuentas pendientes con la justicia. Otros funcionarios mantienen sus cargos a pesar de sus incompetencias profesionales y de tener antecedentes penales.

c) Improvisación, falta de transparencia e incapacidad para ejecutar acciones. Muchas instituciones del Estado tienen un funcionamiento caótico, no hay cuentas claras de algunas inversiones, como la del puente provisional en el río Torola, ni de viajes al exterior de familiares del presidente. La ciudadanía carece de información sobre esos hechos, pues el Gobierno no los divulga en portales oficiales.

d) Muchos funcionarios utilizan sus cargos para dedicarse a hacer proselitismo político, promover la afiliación a su partido y calumniar a sus adversarios políticos.

3. El Gobierno utiliza la mentira como arma política. Una muestra de ello es su intento por apropiarse de la gestión y las obras heredadas del Gobierno anterior, como la cooperación mexicana y china, la autopista al Puerto de la Libertad, el by-pass de la Libertad, entre otras.

4. La política exterior es de total alineamiento con Estados Unidos y de confrontación con los Gobiernos de izquierda y progresistas.

El Gobierno genera tensión en la propia región centroamericana, que es la más importante para nuestro país. Incluso, suscribe acuerdos como el del tercer país seguro, que ya está afectando a nuestra población emigrante, a la que se le niega el derecho a pedir refugio en Estados Unidos y se le deporta de ese país.

5. La economía perdió dinamismo en la segunda mitad del año, a pesar de que las exportaciones y remesas mejoraron un poco, pues para mayo las exportaciones habían caído -1% y las remesas solo crecieron 3.8%, mientras que para noviembre aumentaron 0.1% y 4.8%, respectivamente.

La desaceleración económica se registra en las siguientes variables internas:

a) Consumo, que disminuyó por los despidos en el sector público, por el congelamiento salarial y por la pérdida de dinamismo del crédito a los hogares, que entre enero y mayo había crecido 6% y para noviembre solo creció 3.7%.

b) Inversión privada, que se vio afectada por la contracción del consumo. Entre enero-mayo, el crédito a las empresas aumentó 10% con respecto al mismo período del año pasado y para noviembre solo creció 5%.

Las importaciones de maquinarias y equipos, que aumentaron 4.8% hasta mayo, solo crecieron 1.5% hasta noviembre.

6. El BCR afirma que la inversión extranjera fue de US$438 millones al tercer trimestre del año y reconoce que “respecto al año previo, el ingreso neto fue menor en 21%”. (“BCR mantiene proyecciones de crecimiento económico 2.3% para 2019 y 2.5% para el próximo año”).

7. En el tema de seguridad pública, el Gobierno asegura que han bajado los homicidios pero no incluye las muertes de quienes los cometen ni habla de las desapariciones, que según la Fiscalía General de la República han aumentado. Además, ya los homicidios venían disminuyendo como resultado del plan El Salvador Seguro, de 18 por día en 2015 a 9 en 2018.

8. El Gobierno tiene capacidad mediática para mostrar el panorama que le conviene, pero lo cierto es que el rumbo del país es negativo para los sectores de bajos ingresos y beneficioso para los grandes empresarios, cuya actitud ante el Gobierno es de total complacencia. 

San Salvador, 31 de diciembre de 2019 

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