Bukele es el primero en irrespetar los derechos de los cientos de trabajadores que han sido cesados de sus puestos de trabajo.

La ley de Servicio Público permite que los trabajadores y trabajadoras del Estado tengan estabilidad laboral, no se violenten sus derechos pero también contiene obligaciones y derechos tanto para los empleados como para los funcionarios, afirmó José Emigdio González, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), en la entrevista De Frente a las 7:30 que se transmite por radio Maya Visión.

“La estabilidad laboral conlleva que a usted no lo pueden despedir de forma arbitraria, si no hay un juicio previo. Tiene que probarse de que es un mal trabajador, que tiene faltas, llegadas tarde, que el desempeño no es óptimo como lo dice el manual de funciones, hay un procedimiento que debe seguirse”, manifestó González.

Ante la ola de despidos injustificados que desde junio ha realizado el gobierno, el integrante del MTD explicó que el presidente de la República (Nayib Bukele) es el primero en irrespetar los derechos de los cientos de trabajadores que han sido cesados de sus puestos de trabajo.

“Este nuevo gobierno, los funcionarios, o desconocen la ley o es que de forma intencionada, con el ánimo de causar daño no solo al trabajador sino a las familias que dependen de ellos, ya llevamos alrededor de cinco mil personas desempleadas, no ha seguido el debido proceso y prueba de ello es que el Consejo de Ministros lo primero que llega a hacer es reformar el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, vulnerando derechos sin dar el derecho de audiencia y defensa que todo trabajador tiene”, manifestó.

González destacó que la ley del Servicio Público establece los organismos competentes para intervenir en caso de conflictos entre el trabajador y el patrono, en caso de existir faltas, se aplican los procedimientos disciplinarios. El integrante del MTD además hizo un llamado a los trabajadores que se sientan amenazados por despidos a que pidan asesoría en la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.